Quienes siendo de izquierdas, manifestaban que la hipocresía de la UE era tremenda y que no se hablaba de la guerra en otras partes del mundo, que las hay a porrillo, pueden sentirse aliviados. Ya casi no se habla de Ucrania. No acapara primeras páginas. Shakira y su canción sobre Piqué tienen mucha más audiencia. ¿Nuevo truco diabólico de los EE.UU.? Haya pues, paz. Ucrania poco a poco se está convirtiendo en un conflicto crónico, y saldrá en los periódicos de forma esporádica, cuando se produzca algún desastre monumental.
No es mi intención intervenir en la polémica que está copando espacios en los medios de comunicación estos días de noviembre: me refiero a la reducción de penas para algunos agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor el mes pasado de la conocida como «Ley del solo sí es sí». La Ley impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad ha propiciado estos días silencios y comentarios diversos dentro y fuera del Gobierno de coalición y declaraciones de la titular de Igualdad en el sentido de que había jueces que «estaban incumpliendo la ley por machismo».
Había mucha expectación para ver la última película de Alberto Rodríguez, Modelo 77. Tengo que decir que este director es para mí es uno de los más interesantes en la actualidad, y ahí está su filmografía para demostrarlo, donde ya había tocado de manera muy crítica la historia reciente de este país. Ahí están películas tan notables como Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil caras, donde bajo el formato de policiacos o thrillers se denuncia una determinada realidad social y política de un país con demasiadas costuras.
Leo un pequeño artículo de Errico Malatesta, de 1922, sobre la cocaína y de cómo, a pesar de las leyes severas o quizá a causa de ellas, su consumo se extendía cada vez más por Europa y América. Como buen ácrata, el bueno de Errico señalaba que jamás la ley, por bárbara que sea, ha servido para suprimir el vicio o el delito. Por el lado consumidor, cuanto más severa sea la restricción más se incrementará la atracción por el fruto prohibido, así como se producirá cierta fascinación por el riesgo subyacente. Por otro, como factor añadio que hace inútil esperar solución alguna de la prohibición, los negociantes y especuladores de la droga verán su avidez de ganancia incrementarse a medida que crezca la ley. Hace ya un siglo que un anarquista pedía no ilegalizar el uso y comercio de la cocaína y, además, dejar libres la expendedurías en las que dicha droga sea vendida a precio de costo o incluso por debajo de él; paralelamente, se daría toda la información sobre las consecuencias del consumo de la cocaína y no podría haber propaganda en contra al no haber nadie que encuentre ganancia en ello.
En el madrileño barrio de Lavapiés, existe una plaza con el nombre de Xosé Tarrío; esta vez, el nombre no lo ha elegido el Ayuntamiento de turno, sino la propia gente en oposición, como no puede ser de otra manera, a los que mandan y deciden el diseño urbano. Para los que lo desconozcan, Tarrío, ya fallecido, fue un activista anticarcelario de ideas libertarias; su origen fue muy humilde y conflictivo, en un barrio deprimido de La Coruña. Los graves problemas familiares y sociales le llevaro a pasar gran parte de su infancia y adolescencia en internados y reformatorios, de los que escapaba con frecuencia. En 1987, debido a un pequeño robo que llevó a cabo por su adicción a la droga, ingresó en prisión para cumplir una pena de dos años, cuatro meses y un día; su condición rebelde llevó a que esa condena se extendiera a nada menos que 71 años de condena, además de pedírsele un centenar más de años y ser catalogado como preso especial FIES. Recuerdo haberme impresionado hace años con la lectura del libro de Tarrío, Huye, hombre, huye, donde describe la condición de este régimen como una cárcel aún más terrible dentro de la cárcel; no pocos colectivos y personalidades han denunciado esta situación, como un castigo y tortura añadidos a los presos, y ha pedido su eliminación.
Estos días hemos sido informados a gran escala de la magnitud de varios incendios que han arrasado y arrasan cientos y miles de hectáreas de bosques. Poblaciones evacuadas, un bombero y un piloto muerto y muchos más heridos, un tren metido entre las llamas y los pasajeros en pánico mientras la maquinista salvaba la situación… Por lo visto decenas de medios aéreos y un par de cientos de equipos han atendido un frente de llamas de más de cien kilómetros en la comunidad valenciana, y en Zamora, y en Galicia, y en Cáceres…, y se las han visto y deseado para frenar el desastre. Vamos a poner que serían unas mil o dos mil personas trabajando no todas a la vez, en turnos infernales, en unas condiciones de espanto.
Recientemente, los titulares de los grandes medios de desinformación se han llenado de declaraciones de Yolanda Díaz, la gran esperanza actual de la izquierda parlamentaria, en las que aludía a la necesidad de un nuevo «contrato social». Como creo haber leído algo sobre el asunto en algún viejo manual de filosofía política, me parece recordar que eso del contrato alude a un supuesto pacto originario entre los hombres para ceder su libertad, fundar el Estado y a joderse todos sometiéndose a la autoridad política. Sí, creo que en otras teorías el contrato lo que funda es la sociedad civil, pero seamos serios, cada vez que alguien nos ha venido con esto, lo que se legitima con seguridad es una instancia coercitiva que, en nombre de unos pocos, arrebata el poder decisorio al conjunto de la sociedad. Como uno no recuerda haber hecho ningún pacto, ni contrato alguno, para ceder su potestad individual, ni pretendemos ahora realizar otro en similares condiciones, seguiremos empecinados en apostar por un acuerdo, precisamente, para desmantelar el Estado y ceder el poder a la sociedad civil. ¡Toma ya! Uno, que posee un encomiable espíritu ácrata, con algún que otro tic nihilista, considera que toda esta jerga retórica no es sino una artimaña para, una vez más, monopolizar la violencia en manos de unos pocos, de uno u otro pelaje, legitimar el privilegio y que las cosas continúen más o menos como estaban.
No es fácil dar una definición de fascismo, al menos como fenómeno general, y sin embargo es una palabra de uso común en los movimientos sociales (no tanto en el mundo político, seguramente por la herencia que sigue existiendo en España). Como a mí me gusta mucho concretar, sin ánimo de ser demasiado riguroso y aceptando la dificultad de hilar muy fino al respecto, veamos si podemos lanzar unas cuantas reflexiones.
Siguiendo con el tema de prisiones, y por noticias aparecidas en prensa por las que se quejan los funcionarios de las agresiones que reciben por parte de presos, algunos datos más. Comentaba en el anterior articulillo, que en 2009 se había producido una masificación de las prisiones (78.000 presos), llegando a un punto que obligó a los poderes públicos a legislar de una forma menos carcelaria, y ello a pesar de la campaña histérica y podríamos decir fascista de los medios de comunicación, que ejercen un terrorismo informativo de cara a crear pánico en la población, mostrando el país como un criadero de delincuentes que en cualquier momento te pueden entrar en casa, cortarte el cuello y robarte la vajilla de Navidad… Conviene recordar que la criminalidad de España es baja. Pero no de ahora: ha sido baja siempre, desde el siglo XIX a la actualidad. Comparándola con otros países de Europa con fama de avanzados y progresistas, España es un país muy seguro, aunque a muchos tertulianos y vocingleros les gustaría que esto fuese una distopía con el Juez Dreed dando hostias.
Una reflexión sobre el Reino en que vivimos. En 1995 se reformó el Código Penal, para –en resumen– endurecer las penas alargando más la permanencia en prisión (1). Fue durante el Gobierno de José María Aznar que se llevó a cabo el cambio legislativo, en medio de una histeria de tertulianos y periodistas que vendían este país de bendiciones, como el lugar en el que los delincuentes comunes y los terroristas mataban a una vieja, se la comían, entraban en comisaría y salían al cabo de un minuto. Así la derecha fomentó la prisión como alternativa necesaria y de ahí se pasó de la cifra de 18.000 presos de 1980, a la de 76.000 en 2009. Los problemas que generó esta locura presidiaria hicieron que el legislador optase en 2010 por ablandar un poquitín el castigo, y al rebajar las penas por delitos como el tráfico de drogas, la población reclusa es en la actualidad –más o menos– de 42.741 hombres y 3.312 mujeres. 46.000 personas encerradas en un confinamiento que ríete del COVID…
Un espacio en la red para el anarquismo (o, mejor dicho, para los anarquismos), con especial atención para el escepticismo, la crítica, el librepensamiento y la filosofía en general
